#DefendiendoAMaleno, de nuevo
Artículo publicado originalmente en el blog Migrados de El Pais
Hoy Helena Maleno volverá ante el juez marroquí. Con preocupación. Pensando en sus hijos seguramente. Con el miedo de saber que puede que termine en la cárcel. Acusada de algo que no solo no ha cometido, sino que odia: la trata de personas. Cree como todos nosotros que las personas migrantes no dejan sus derechos en la puerta de su casa cuando se van, sino que los acarrean con ellos. Cree que todo el que abusa de las personas vulnerables pierde su dignidad como persona y su legitimidad como ciudadano.
Y mientras le preocupa todo eso, le vendrán a la mente rostros e historias. De los chicos que vio ayer refugiados en las montañas de Marruecos, por ejemplo, y que mostraban el miedo en su cara. El miedo mezclado con la esperanza de saltar algún día la valla o el estrecho y tener una vida mejor. También los rostros de los que conoció y no volverá a ver nunca más porque a pesar del buen hacer de los equipos de Salvamento Marítimo de Almería, perdieron la vida en el mar.
En lo que va de año, solo un mes, 218 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, muchas de ellas en nuestras costas.
Y con todo esto en la cabeza irá Helena al juzgado de Tánger. Con el deseo de salir libre. Y la esperanza de que las autoridades españolas hayan cumplido su deber y hayan enviado oficialmente el auto por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún indicio de delito en su actuación. Tan simple como esto. Comunicar una cosa que ya existe.
Mientras escribo estas líneas todavía no ha llegado el papel. Es por procedimientos y legalidades, dicen. Pero todos sabemos que nada mejor que los protocolos y los reglamentos cuando no quieres hacer algo.
Lo que sí ha hecho el Gobierno español a través de la policía nacional, de la UCRIF (Unidad contra redes de Inmigración y falsedades), es presentar un expediente criminal para que Marruecos haga lo que la justicia española no ha hecho, por considerar que no hay indicio de delito: juzgar a Helena por traficar con seres humanos, por ser cómplice de las mafias, unos hechos tergiversados y alineados con el discurso oficial del Gobierno que, como guardián de la frontera sur de Europa, no puede permitir que entre nadie.
Infelizmente, la situación de Helena no es una excepción. En verano el ministro Zoido ya acuso a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo de ejercer un efecto llamada con su trabajo y recientemente, José Palazón, presidente de la ONG Prodein que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad en Melilla, también se ha visto perseguido por denunciar malos tratos en un centro de menores. E infelizmente esto no pasa solo aquí. En 2017, 312 defensores y defensoras en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders. Y miles de activistas están siendo amenazadas cada día para que callen la boca, para que abandonen su lucha por los derechos humanos.
Pero esto que pensábamos que solo ocurría lejos de casa, ahora también pasa en nuestro país, con nuestro Gobierno. Si este gobierno que se llena la boca con la ley, no tiene la misma rigurosidad para cumplirla cuando no le interesa.
Por eso debemos reaccionar. La ciudadanía debe demostrarle al Gobierno que estamos al lado de quien defiende los derechos humanos. Ya son más de 30.000 personas las que en 36 horas, le hemos pedido al Gobierno que opte claramente por la defensa de los ciudadanos españoles y por la defensa de quien defiende los derechos humanos.
Defender a una ciudadana española, es una obligación. Defenderla cuando esta con problemas por una acusación falsa de un cuerpo del propio estado, es un deber. Y si esta, es además una ciudadana excepcional y ejemplar, es un crimen no hacerlo.
Ojalá, a esta hora, Helena marche hacia el juzgado con una sonrisa en su rostro porque sabe que la ciudadanía ha conseguido que las autoridades españolas la defiendan. Esperemos.
Y mientras le preocupa todo eso, le vendrán a la mente rostros e historias. De los chicos que vio ayer refugiados en las montañas de Marruecos, por ejemplo, y que mostraban el miedo en su cara. El miedo mezclado con la esperanza de saltar algún día la valla o el estrecho y tener una vida mejor. También los rostros de los que conoció y no volverá a ver nunca más porque a pesar del buen hacer de los equipos de Salvamento Marítimo de Almería, perdieron la vida en el mar.
En lo que va de año, solo un mes, 218 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, muchas de ellas en nuestras costas.
Y con todo esto en la cabeza irá Helena al juzgado de Tánger. Con el deseo de salir libre. Y la esperanza de que las autoridades españolas hayan cumplido su deber y hayan enviado oficialmente el auto por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún indicio de delito en su actuación. Tan simple como esto. Comunicar una cosa que ya existe.
Mientras escribo estas líneas todavía no ha llegado el papel. Es por procedimientos y legalidades, dicen. Pero todos sabemos que nada mejor que los protocolos y los reglamentos cuando no quieres hacer algo.
Lo que sí ha hecho el Gobierno español a través de la policía nacional, de la UCRIF (Unidad contra redes de Inmigración y falsedades), es presentar un expediente criminal para que Marruecos haga lo que la justicia española no ha hecho, por considerar que no hay indicio de delito: juzgar a Helena por traficar con seres humanos, por ser cómplice de las mafias, unos hechos tergiversados y alineados con el discurso oficial del Gobierno que, como guardián de la frontera sur de Europa, no puede permitir que entre nadie.
Infelizmente, la situación de Helena no es una excepción. En verano el ministro Zoido ya acuso a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo de ejercer un efecto llamada con su trabajo y recientemente, José Palazón, presidente de la ONG Prodein que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad en Melilla, también se ha visto perseguido por denunciar malos tratos en un centro de menores. E infelizmente esto no pasa solo aquí. En 2017, 312 defensores y defensoras en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders. Y miles de activistas están siendo amenazadas cada día para que callen la boca, para que abandonen su lucha por los derechos humanos.
Pero esto que pensábamos que solo ocurría lejos de casa, ahora también pasa en nuestro país, con nuestro Gobierno. Si este gobierno que se llena la boca con la ley, no tiene la misma rigurosidad para cumplirla cuando no le interesa.
Por eso debemos reaccionar. La ciudadanía debe demostrarle al Gobierno que estamos al lado de quien defiende los derechos humanos. Ya son más de 30.000 personas las que en 36 horas, le hemos pedido al Gobierno que opte claramente por la defensa de los ciudadanos españoles y por la defensa de quien defiende los derechos humanos.
Defender a una ciudadana española, es una obligación. Defenderla cuando esta con problemas por una acusación falsa de un cuerpo del propio estado, es un deber. Y si esta, es además una ciudadana excepcional y ejemplar, es un crimen no hacerlo.
Ojalá, a esta hora, Helena marche hacia el juzgado con una sonrisa en su rostro porque sabe que la ciudadanía ha conseguido que las autoridades españolas la defiendan. Esperemos.
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